El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, al igual que el artículo 59 de la Constitución de la República Dominicana establecen el derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales como acceso a agua potable, servicios sanitarios, energía eléctrica, entre otros, como un derecho fundamental; sin embargo, hoy en día el problema habitacional persiste y es uno de los puntos centrales pendientes por solucionar para los gobiernos de todo el mundo. En el caso de la República Dominicana, se estima que el déficit habitacional es de 1,369,211¹, aproximadamente un 10% de la población nacional.

El problema habitacional está plasmado en el objetivo 2.5.1 del artículo 23 de la Estrategia Nacional de Desarrollo² 2030, el cual busca “Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas, con seguridad jurídica y en asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados, que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad universal para las personas con discapacidad físico-motora”. Adicionalmente, el Objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU consiste en desarrollar ciudades y comunidades sostenibles. La Nueva Agenda Urbana (NUA) es el documento de orientación y referencia para desarrollar un proceso de urbanización bien planificado y gestionado que permita a los países avanzar en el ODS 11.

¹Este dato es del Informe “Metodología Para la Medición del Déficit Habitacional en la República Dominicana 2018”, en el cual utiliza una metodología basada en un documento publicado en 1996 por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) titulado: Déficit habitacional y datos censales sociodemográficos: una metodología.

² Sustentada en la Ley 1-12, define la imagen objetivo del país a largo plazo tomando en cuenta su viabilidad social, económica y política y establece los principales compromisos que asumen los diferentes poderes del estado, identificando los problemas principales a nivel nacional y las líneas centrales de acción para su resolución.

El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) se crea el 3 de agosto del 2021 bajo la Ley No. 160-21, la cual a la vez suprime el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), instituciones las cuales  eran responsable de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la políticas habitacionales que buscaban reducir el déficit mediante la construcción de viviendas sociales, bajo la supervisión del correcto cumplimiento de las normativas sobre construcción de proyectos de infraestructura habitacionales. Ambas funciones pasan al MIVED, siendo este ahora el único responsable de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas habitacionales en el país.