MIVED supervisa avances en centros penitenciarios de San Juan y Barahona

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Ambos proyectos reflejan el compromiso del gobierno de ofrecer una gestión penitenciaria enfocada en la reinserción social, la educación y el respeto a los derechos humanos.

Santo Domingo, RD. – El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), liderado por Carlos Bonilla, realizó un recorrido de supervisión en las obras del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Pedro Corto, en San Juan, y el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley, ubicado en Santa Cruz, Barahona. Ambas construcciones apuntan a modernizar y fortalecer el sistema penitenciario del país.

CCR Pedro Corto: Innovación y reinserción social

El CCR Pedro Corto se edifica sobre un terreno de 31,250 metros cuadrados, con capacidad para más de 900 internos, entre ellos 75 mujeres y 846 hombres. Este centro contará con cinco edificios de alojamiento, áreas de reflexión, espacios educativos e industriales, y zonas de máxima seguridad. Además, se están finalizando la malla ciclónica, superficies exteriores y la adecuación de baños.

El ministro Bonilla expresó: “Estamos comprometidos en garantizar que este proyecto funcione correctamente desde el primer día. Nos tomaremos el tiempo necesario para entregar una obra a la altura de las expectativas de la comunidad y del país”.

Centro para menores en Barahona: un modelo integral

Con un enfoque en la justicia restaurativa, el Centro de Atención Integral en Barahona tendrá capacidad para albergar a 200 menores. Este complejo, construido sobre 2,360 metros cuadrados, incluirá talleres, invernaderos, áreas deportivas, un dispensario médico y otras instalaciones clave para promover la reinserción social de los jóvenes.

La gobernadora de Barahona, Genara González, destacó la importancia de esta obra para la provincia: “Estamos emocionados por el impacto positivo que este centro tendrá en nuestras comunidades, con la entrega proyectada para abril o mayo”.

Un esfuerzo conjunto por un sistema penitenciario moderno

Ambos proyectos reflejan el compromiso del gobierno de ofrecer una gestión penitenciaria enfocada en la reinserción social, la educación y el respeto a los derechos humanos. Estas iniciativas buscan reducir la reincidencia y mejorar la seguridad ciudadana, integrando a las comunidades y otras instituciones como veedores del proceso.